Osaka es demandada por la purga de tatuajes anticonstitucional

El pasado marzo, Osaka anunció oficialmente una nueva prohibición dentro del sector laboral público: los funcionarios, sean del tipo que sean, no pueden llevar ninguna clase de tatuaje en sus cuerpos. Dicha norma vino a raíz de un incidente en el que un cuidador de guardería les enseñó sus tatuajes a los niños que tenía a su cargo; el empleado fue suspendido de empleo y sueldo durante dos meses y se le obligó a llevar camisas de manga larga a partir de entonces, pero no pudo ser despedido. Escandalizado por esto, el alcalde Hashimoto de Osaka decretó que “si no podemos despedir a nadie por llevar tatuajes, al menos podremos crear normas que les obliguen a quitárselos”.

La ciudad comenzó una investigación exhaustiva para comprobar cuántos de sus 34.000 trabajadores públicos llevaban tatuajes de alguna clase (sin contar a los profesores, que de alguna manera fueron exentos de investigación), y se dieron de bruces con que tan sólo 114 miserables empleados llevaban tatuajes; o, al menos, estaban preparados para admitirlo.

Casi nueve meses después, todavía se buscan a los “desviados” que, aún ejerciendo un cargo público, lleven tatuajes, desobedeciendo así las órdenes directas del alcalde. Pero estos esfuerzos han resultado en un pleito que alega que la purga de tatuajes viola la constitución japonesa.

El caso está siendo llevado por un trabajador de la ciudad de Osaka de 54 años que fue sujeto de la gloriosa cruzada de Hashimoto contra la maldad de los tatuajes.

Seis trabajadores se negaron en repetidas ocasiones a responder a las preguntas de la ciudad, y esta desafiante insistencia basada en el derecho a la intimidad les trajo reprimendas formales por rehusar órdenes de su lugar de trabajo.

Uno de ellos, alegando que la investigación representa un incumplimiento anticonstitucional de su derecho a la intimidad, ha llevado a la ciudad a los juzgados pidiendo que la reprimenda sea rescindida y que se le entreguen 5.000.000 yenes en compensación por los daños causados.

Dice que la ciudad le acosó repetidamente para que contestara a sus preguntas a pesar de su clara negativa a hacerlo, y luego se le amenazó con despedirle en caso de no responder. Él, de todos modos, afirma no tener ningún tatuaje.

Esparcidos por la red podemos encontrar los típicos comentarios de tolerancia y simpatía:

“¡Si gana, es una victoria para la yakuza!”

“5.000.000 yenes por ser avisado es demasiado, ¡no es como si hubiese sido despedido!”

“Esto es genial: la gente se ha dado cuenta por fin de que Hashimoto solamente trata de meterse con los débiles para sus propios fines.”

“Los empleados tatuados deberían ser públicamente expulsados.”

“Con algo de suerte, cosas como ésta pondrán a la gente en contra de los funcionarios en el futuro.”

“Los funcionarios no deben tener tatuajes. Un aviso es demasiado leve, todos deberían ser despedidos.”

“¿Los está demandando por reprenderle por negarse a decir si lleva un tatuaje o no? En el sector privado te darían la patada directamente.”

“En cualquier otro lugar este asunto se dejaría estar para que se solucionase por sí mismo, pero no bajo el mandato de Hashimoto. Es difícil de creer que Osaka sea el único lugar con funcionarios tatuados…”

¿Y vosotros qué creéis? ¿Deberían los empleados públicos deshacerse de sus tatuajes o es algo totalmente irrelevante? ¿Pensáis que dan mala imagen, que estorban o que molestan de algún modo, o es solamente una idea estúpida que ha venido a raíz de un incidente aislado venido a más?